El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al borrador de los Presupuestos Generales de Estado 2021 que ayudarán a reconstruir la economía post covid y que contemplan la mayor cifra de inversión de la historia de nuestro país: 239.765 millones de euros, un 10% más que el presupuesto anterior vigente.

El montante incluye un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos. De ellos el 17,6% se destinará a la creación de infraestructuras resilientes y la recuperación y mejora de ecosistemas. Y es que estos presupuestos tendrán los objetivos del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030 como puntales de su estrategia.

Las nuevas cuentas tienen tres objetivos, según ha destacado en rueda de prensa la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero: “reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del covid-19, modernizar nuestro modelo productivo y fortalecer el estado de bienestar“.

Para poder conseguir estos objetivos y sostener las nuevas cuentas, el plan tiene una base clara: aumentar la presión fiscal. Además de la subida de IRPF a las rentas altas y sobre el impuesto de patrimonio y sucesiones, entre otros, las medidas impositivas tienen otro pilar fundamental: la fiscalidad verde.

Montero ha señalado que España está por debajo de la media europea en la recaudación en este ámbito y que el Gobierno quiere situar a nuestro país a la vanguardia de la fiscalidad medioambiental. “Queremos incentivar comportamientos que protejan nuestro entorno y también castigar comportamientos perjudiciales”, explicó la portavoz, siguiendo la máxima de “quien contamina, paga”. La imposición a la fiscalidad verde aportará a la caja de 2021 un global de 1.311 millones de euros.

Impuestos al diésel y al plástico

Dentro de las nuevas medidas de esta apuesta por la sostenibilidad, los presupuestos plantean una mayor presión fiscal sobre los hidrocarburos, con un incremento del tipo estatal que se aplica sobre el diésel de 3,8 céntimos por litro, pasando de los 30,7 a los 34,5 céntimos por litro. El objetivo es acercar su tributación a la gasolina, siguiendo recomendaciones europeas, para incentivar la movilidad sostenible. El transporte profesional quedará exento de esta subida.

Otra de las herramientas verdes será el impuesto al plástico, contemplado en la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, que se encuentra actualmente en tramitación, y que grava con 45 céntimos el kilogramo de plástico. Una medida impositiva con la que el Gobierno podría recaudar 724 millones de euros para poner fin al uso “irracional” de este material.

Partidas para una recuperación verde

El anteproyecto de presupuestos generales contempla una partida para el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de casi 12 mil millones de euros “para ejecutar políticas verdes” alineadas con la Agenda 2030.

En lo que respecta a la I+D+i civil, fundamental para el salto de productividad basado en criterios de sostenibilidad, tanto en el ámbito público como privado, recibirá una inyección extraordinaria de más de 5 mil millones de euros, un 80,1% más. Además, se subirá la dotación presupuestaria al Ministerio de Ciencia e Innovación casi un 60% más.

Las partidas para industria y energía se incrementarán en 5.700 millones de euros, mientras que para las inversiones en infraestructuras se estima un aumento del 114,8%, con 6 mil millones más que en el ejercicio anterior.

Es en este último punto en el que el sector del agua tiene puestas sus esperanzas. Al igual que la Comisión Europea recomendó a España que la recuperación post covid pase por el agua, el sector también recuerda la necesidad de que una importante partida de los nuevos presupuestos se dediquen a infraestructuras y proyectos para mejorar la gestión de este recurso imprescindible y garantizar su adaptación al cambio climático. 

El sector ha elaborado y presentado al Gobierno una serie de propuestas para la recuperación verde y azul que contempla más de 500 proyectos con un presupuesto que supera los 12.400 millones de euros. El sector, comprometido con la reconstrucción del país, calcula que estas actuaciones y otras inversiones infraestructurales reportarían un incremento del PIB de más de 1.800 millones de euros, así como la creación masiva de empleo, y reclama un impulso a la colaboración público privada.

En este sentido, la ministra Montero ha destacado que será necesario “el esfuerzo de todo el país” para poder superar la situación provocada por la pandemia. “Habrá que poner todos los activos del país en marcha, los públicos y los privados. En la recuperación de todos no sobra nadie“, señaló Montero, en un llamamiento a los distintos sectores para que participen en la reconstrucción.